A través del Concepto Jurídico No. 08SE2025120300000024903 del 20 de mayo de 2025, emitido por el Ministerio del Trabajo, la entidad se pronunció sobre una inquietud relacionada con la instalación de cámaras de videovigilancia con audio dentro de las empresas y los posibles efectos que esta práctica puede generar sobre los derechos de los trabajadores, particularmente frente a la intimidad y la privacidad.

Aunque el concepto surge a partir de una consulta puntual relacionada con trabajadores que manifestaban desconocer la existencia de grabaciones de audio en su lugar de trabajo, el análisis realizado por el Ministerio ofrece criterios importantes para que las empresas evalúen la implementación de estos mecanismos de vigilancia y control.

Uno de los primeros aspectos que precisa el Ministerio es que actualmente la legislación laboral colombiana no contiene una regulación específica que determine expresamente si la instalación de cámaras con audio en el lugar de trabajo es legal o ilegal. Ante dicho vacío normativo, la entidad señala que podría aplicarse el denominado principio de permisión, según el cual aquello que no se encuentra expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico podría entenderse permitido, siempre que su implementación no vulnere derechos constitucionales o laborales. Sin embargo, esta facultad empresarial no es absoluta. El Ministerio recuerda que el ejercicio de las facultades de dirección y control debe armonizarse con la protección de derechos fundamentales de los trabajadores.

Dentro de los fundamentos normativos citados en el concepto se encuentra el Artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece las prohibiciones aplicables a los empleadores y dispone expresamente que estos no pueden ejecutar o autorizar actos que vulneren derechos de los trabajadores o afecten su dignidad.

Adicionalmente, el concepto trae a colación algunos criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional relacionados con el alcance del derecho a la intimidad en las relaciones laborales. En particular, se hace referencia a la Sentencia T-552 de 1997, en la cual la Corte definió el derecho a la intimidad como la facultad que tiene una persona de exigir el respeto por una esfera personal y reservada frente a injerencias externas indebidas.

Igualmente, el Ministerio cita la Sentencia T-768 de 2008, mediante la cual la Corte Constitucional precisó que el derecho a la intimidad no tiene carácter absoluto y que puede admitir ciertas limitaciones cuando exista un interés legítimo que las justifique. En el ámbito laboral, la Corte señaló que el empleador posee facultades de dirección y organización empresarial que pueden incluir mecanismos de supervisión y control, siempre que dichas medidas sean necesarias, proporcionales e idóneas para la finalidad perseguida.

Uno de los aspectos más relevantes del análisis efectuado por la Corte y retomado por el Ministerio consiste en que las medidas de vigilancia, como regla general, deben ser conocidas por los trabajadores. La implementación de mecanismos ocultos o subrepticios únicamente podría justificarse en circunstancias excepcionales.

Asimismo, se recuerda que existen límites claros respecto de los lugares donde estos sistemas pueden instalarse. La utilización de cámaras destinadas a registrar aspectos relacionados con la vida íntima del trabajador o ubicadas en espacios personales, servicios sanitarios o lugares sindicales podría constituir una intromisión ilegítima que vulneraría derechos fundamentales.

Otro fundamento jurídico citado por el Ministerio corresponde al Artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, específicamente respecto de las disposiciones sobre orden y seguridad que pueden incorporarse dentro del Reglamento Interno de Trabajo. Bajo esta consideración, la entidad señala que las empresas podrían regular internamente el uso de cámaras y mecanismos de vigilancia, siempre que estas disposiciones respeten la honra, la dignidad y la vida privada de los trabajadores.

Desde una perspectiva empresarial, este concepto permite concluir que la instalación de cámaras con audio no se encuentra prohibida de manera expresa; sin embargo, su implementación requiere adoptar medidas preventivas y documentales que disminuyan riesgos jurídicos. En ese sentido, resulta recomendable revisar los Reglamentos Internos de Trabajo, establecer políticas claras sobre videovigilancia y tratamiento de información, informar previamente a los trabajadores sobre la existencia y finalidad de estos mecanismos y delimitar claramente los espacios donde podrán operar.

Más allá del uso de herramientas tecnológicas de control, el verdadero desafío para las empresas consiste en mantener un equilibrio entre las facultades de administración y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.

A manera de conclusión el concepto del CTCP conlleva oportunidades de mejora continua ya que si su revisor fiscal le reporta un incumplimiento normativo menor (por ejemplo, fallas en la implementación del SAGRILAFT, debilidades en el control de protección de datos personales ante la SIC, o riesgos en la contratación laboral), su reacción no debe ser defensiva, sino:

• Mitigación de pasivos contingentes: un reporte a tiempo de su revisor fiscal le da la oportunidad de corregir el rumbo antes de que la autoridad respectiva inicie una investigación que termine en multas millonarias.
• Gobierno corporativo robusto: las empresas que escuchan a sus revisores fiscales son más atractivas para el sector financiero, fondos de inversión y aliados internacionales. La transparencia reduce el costo del capital.
• Prevención del fraude interno: el fraude no siempre se nota en el balance del trimestre; a veces empieza como una debilidad de control que escala silenciosamente.

Por último, es importante tener presente que el CTCP reviste que el revisor fiscal es un órgano de control que protege el patrimonio de los accionistas y el interés del mercado, por ello la relevancia de su gestión.